A raíz del aumento en el impuesto inmobiliario, que surge del nuevo paquete fiscal, se develó que el aeropuerto extranjero en Río Negro, construido por Joseph Lewis, no paga ningún tributo. simplemente, porque para los funcionarios “no existe”. Así lo manifestó en una nota de opinión publicada en El cohete a la luna, la legisladora de Vamos con Todos, Magdalena Odarda.
Después de 13 años de mutismo deliberado, el gobierno de Juntos Somos Río Negro por fin se animó a hacer lo que nunca hizo: hablar públicamente del aeropuerto privado construido por el inglés Joe Lewis a escasos 1.000 metros del mar, en zona de seguridad de fronteras y a unos 30 kilómetros al sur de la localidad de Sierra Grande.
Para Odarda, la “confesión involuntaria y hasta ingenua del oficialismo en el debate sobre la llamada Ley de Puertos, que —de hecho— implicaría ceder a las grandes corporaciones inglesas del gas y del petróleo los puertos rionegrinos, demostró la real connivencia con el magnate británico y los nuevos inversionistas del mundo árabe y del Reino Unido”.
El aeropuerto de Puerto Lobos, ubicado en el estratégico paralelo 42, pone en riesgo la integridad territorial argentina desde hace 17 años por la inexistencia de controles sobre el movimiento que se produce en el mismo. Debido a su ubicación, se encuentra a dos horas de vuelo de las Islas Malvinas y de la base que, el enemigo invasor inglés junto a la OTAN; mantienen en Monte Agradable.
Tal como en su momento lo denunciáramos desde Agenda Malvinas, el aeropuerto posee una pista de 2.200 metros de largo, 30 de ancho -equivalente al Aeroparque Jorge Newbery- y está preparado para el aterrizaje de aviones de gran porte. Tiene un hangar con capacidad para albergar varias aeronaves y un exclusivo complejo de cabañas junto al mar que incluyen personal armado de seguridad y hasta un alambrado en la zona de playas.
La diputada Odarda afirmó en dicha nota que “Lewis ni siquiera tiene más el aeropuerto, hoy el dueño del aeropuerto es una empresa argentina que se llama Manzil Sociedad Anónima, cuyo titular en el 95% es Ignacio Petrocchi Massuh, y el 5 % del paquete, Daniel Ortiz. Y tributa 129.000 pesos por mes de impuestos inmobiliarios”. Muy certeramente, la legisladora rionegrina indicó que no pagán un solo impuesto por el aeropuerto, sino que además “tributan (solamente) por el campo, con el equivalente a una compra de supermercado de una familia tipo argentina”.
Según Odarda, “la supuesta firma de capitales nacionales, no es otra que la misma que mantiene conflictos con comunidades indígenas en la región del Alto Río Chubut, y en cercanías del río Manso y Foyel”, lo cual deja entrever “un posible pase de manos a espaldas del conocimiento público, desde las empresas de Joseph Lewis hacia sus nuevos dueños: los Emiratos Árabes, a través de sus caras visibles en la Argentina”.
A través de las investigaciones realizadas por la periodista Susana Lara, publicadas en la página web de Tramas, se supo que “Ignacio Petrochi Massuh es el abogado del grupo Massuh y también operaría como vehículo de los capitales emiratíes en la Argentina. Los inversores propietarios de las tierras en Río Negro son Osama Hussein Saleh Hussein Alahdal y Faris y Matar Suhail Al Ybhouni Aldhaheri, entre otros. Operan, entre otras firmas, a través de la supuestamente “nacional” Manzil S. A.”, señaló la diputada Odarda.
A principios de la década de 1970, el Grupo Massuh tenía una sola empresa; pero para 1983 ya contaba con diez empresas (celulosa, papeleras, bancos, etc.). Su crecimiento había sido desmesurado, como su deuda de 92 millones de dólares, que Domingo Cavallo subsidió y estatizó en 1982.
Los Massuh formaban parte entonces de varias de las instituciones patronales que auspiciaban el golpe, como el Consejo Empresario Argentino, la Bolsa de Comercio, el Rotary Club.
Para la legisladora rionegrina, “a los privilegios del RIGI, ahora pareciera que se suma otro: a partir de los megaproyectos anunciados (oleoducto Vaca Muerta Sur, planta de GNL, hidrógeno verde), esta colosal pista cumplirá una función estratégica por su ubicación cercana a la base de la OTAN en las Islas Malvinas, controlada por los mismos países interesados en llevarse los bienes naturales comunes de los rionegrinos sin pagar un solo peso”.
Tal como indicamos desde Agenda Malvinas, la controversia pública sobre la construcción de la planta de GNL en Sierra Grande omitió un detalle importante: que se ubicaría en inmediaciones al campo donde el magnate británico Joe Lewis construyó el aeropuerto y que cuestiones estrictamente políticas y fuertes intereses económicos vinculados con el gobierno de Javier Milei, el admirador de Margaret Thatcher, fueron los verdaderos motivos de la decisión de llevar la planta de Bahía Blanca a Punta Colorada. Proyecto que actualmente YPF realizará con la anglo-holandesa Shell.
Esperamos que, como dice León Gieco en su canción, “si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente”.
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