El presidente de APDH, Guillermo Torremare, declaró a Télam: "Las torturas, por la crueldad que implican se encuentran absolutamente prohibidas en todo momento y lugar".
En el mismo sentido la presentación firmada por la Asamblea explica: "El delito de las torturas en la Guerra de Malvinas debe ser investigado y juzgado, no hacerlo implica el riesgo de incurrir en responsabilidad internacional".
Quien impulsa la causa actualmente es el Ministerio Público Fiscal (MPF) en base a múltiples denuncias de soldados que atestiguaron en el caso. Asimismo, otras tres organizaciones asumieron el rol de querellantes: la Comisión Provincial por la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y el Centro de Ex Combatiente de Malvinas de La Plata.
La causa se inició en el año 2007 en Rio Grande, Tierra del Fuego, con recopilación de numerosas denuncias de ex combatientes de Malvinas donde relataban torturas perpetradas por sus oficiales superiores durante la guerra tales como situaciones de hambre extremo, estaqueamientos y enterramientos. Luego de pasar por varias instancias judiciales, en mayo de 2021 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que los ilícitos denunciados estarían prescriptos.
Luego la jueza Mariel Borruto solicitó el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre si todo lo denunciado e investigado constituye delitos de lesa humanidad, lo cual resultaría en la posibilidad o no de considerarlos prescriptos.
Al respecto, Torremare aseguró que "el Estado tiene la obligación legal de investigar y sancionar su realización sin importar cuánto tiempo ha transcurrido desde que las mismas se practicaron".
Asimismo en su presentación ante la Corte Suprema, la APDH consideró que los hechos denunciados deben investigarse "ya sea como delito de lesa humanidad (imprescriptible), o simplemente como un delito contra el derecho humano a no ser torturado".
La figura de "amicus curiae" a la cual se presentó la APDH dentro de esta causa consiste en una propuesta de opinión jurídica que una organización le acerca a la Corte, e "implica que partes ajenas al caso pero que tienen un interés en el mismo, contribuyan en la resolución" se aclara en la presentación a la que tuvo acceso Télam.
El Diario 24
