La Cámara Federal de Casación Penal aceptó un reclamo histórico de excombatientes de la Guerra de Malvinas. En una decisión unánime, la Sala I determinó que las denuncias de torturas y vejámenes sufridos por soldados argentinos a manos de sus propios superiores permanezcan abiertas.
Este fallo representa una luz de esperanza en un proceso judicial que se extendió por dos décadas, desafiando la impunidad que ha marcado la historia de estos crímenes cometidos por altos mandos argentinos contra sus propios subordinados.
El caso, que ahora se trasladará a la Corte Suprema de Justicia, pone de relieve la urgencia de abordar los abusos cometidos durante el conflicto bélico de 1982. Desde su inicio en 2007, más de 200 excombatientes han declarado, muchos de ellos como víctimas y otros como testigos, en un contexto que involucra a más de un centenar de imputados por las atrocidades contra sus compatriotas.
La reciente resolución de la sala, compuesta por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, permite que la Corte evalúe si los hechos denunciados pueden ser calificados como crímenes de guerra o lesa humanidad, con la implicancia de ser imprescriptibles.
La decisión de Casación refuerza la posición del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, junto a otras organizaciones que han luchado incansablemente para visibilizar las violaciones a los derechos humanos en las filas del ejercito argentino.
En un comunicado, el CECIM destacó que el unánime acuerdo de la corte "refuerza el mensaje: la justicia no puede clausurarse donde está en juego la dignidad humana".
Este tema reviste especial importancia en el marco del rechazo de la corte a una resolución previa que había anulado el procesamiento de Gustavo Rodolfo Malacalza, un militar acusado de tortura. En octubre del año pasado, al anular dicho procesamiento, algunos jueces sostenían que esos actos no eran crímenes de lesa humanidad y, por ende, no estaban sujetos a juicio.
No obstante, ahora se reconoce que los tratos degradantes como la sumersión en agua helada, las golpizas, la hambruna, los estaqueos y otras formas de tortura pueden ser considerados crímenes de guerra, lo que abre la puerta a la posibilidad de juicios por estos delitos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también tomó nota de la situación, admitiendo en 2023 una denuncia presentada por el CECIM y la Comisión Provincial por la Memoria.
El Estado argentino es cuestionado por su inacción en investigar y juzgar las torturas que ocurrieron en Malvinas. A pesar de los contratiempos judiciales y el paso del tiempo, los excombatientes continúan con sus esfuerzos para encontrar justicia.
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