Según justificaron desde la administración que usurpa el territorio argentino, el documento firmado con la empresa Unity Marine incurrió en un error involuntario al fijar la fecha de la Consulta Pública sobre la instalación de salmoneras en un plazo posterior a las elecciones del ilegítimo Gobierno de las Islas Malvinas.
En el texto original se establece que la consulta pública “tendrá que comenzar no antes de 18 meses de la emisión de la correspondiente Orden”, por lo cual se llevaría a cabo durante la próxima gestión. A posterior, la Justicia corrigió el supuesto error en un dictamen del 7 de junio que enmendó el anterior, emitido el 27 de mayo.
Concretamente, el documento final indica que “se asegure que la Consulta Pública se realice en un marco de tiempo razonable como para permitir al demandante a presentar su posición y brindar a miembros del público tiempo adecuado para considerar y responder a los puntos presentados”.
El legislador kelper John Birmingham confesó que “tenemos que levantar las manos y aceptar que el error sucedió, mucha gente se vio envuelta, hay muchos proyectos del documento y simplemente se nos escapó”.
Agregó que en verdad “no podía explicar como los 18 meses de espera para la consulta se habían infiltrado, pues simplemente no tenía que haber sucedido, pero las consultas comenzarán en cuanto sea práctico realizarla”.
Por otra parte, confirmó que la administración kelper deberá afrontar los costes de la revisión judicial, proceso y acuerdo no fueron: ”No hemos llegado a una cifra final pero acordamos pagarle al demandante costos legales razonables asociados a la demanda. También hemos incurrido en costos al obtener asesoramiento legal externo. Una vez que sepamos de que cifra hablamos podremos llegar a saber los montos”.
