El ministro de Defensa, Luis Petri, dio de baja a 23 militares que tenían condenas firmes por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La activista defensora del terrorismo de Estado, Cecilia Pando, sostuvo que era una “resolución que desgarra el alma”.
A través de un comunicado, Defensa sostuvo que únicamente estaban cumpliendo con una orden del Poder Judicial. Petri firmó la resolución 2025-72 con la baja de ex altos cargos del Ejército. En el texto reconocía que el Estado argentino tiene obligaciones internacionales en la materia y recordaba lo que le había dicho la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) acerca de que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al Derecho Internacional”.
Según destacó Página|12, “la decisión afectaba, entre otros, a Eduardo Rodolfo Cabanillas –condenado a prisión perpetua por crímenes en Automotores Orletti–, Pascual Guerrieri –con condenas tanto en Buenos Aires (por su rol en el Batallón de Inteligencia 601 en los secuestros de los militantes que fueron parte de la Contraofensiva montonera) y en Rosario–, Federico Minicucci –jefe del regimiento de La Tablada–, y Héctor Salvador Girbone –condenado por la sustracción de Pablo Gaona Miranda, entre otros”.
También fue dado de baja Horacio Losito, el coronel retirado que tiene tres condenas por crímenes de lesa humanidad en su haber y que fue beneficiado con la libertad condicional. Entre los hechos que se le imputaron, uno de ellos fue la masacre en un monte de la localidad de Margarita Belén, perpetrada el 13 de diciembre de 1976 donde torturaron y asesinaron a un grupo de detenidos políticos en un operativo conjunto del Ejército Argentino y la Policía del Chaco a unos 30 kilómetros de Resistencia, camino a Formosa. Losito integró la compañía de comandos junto al padre de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, durante el conflicto armado de 1982 y fue homenajeado el año pasado en el regimiento de Apóstoles como un “héroe” de la Guerra de Malvinas, burlando la prohibición que rige sobre rendir honores a quienes atentaron contra la democracia o cometieron crímenes durante el terrorismo de Estado.
Una vez más se pone en evidencia el carácter dual de algunos supuestos “héroes” de Malvinas que fueron los verdugos y asesinos del pueblo argentino durante la dictadura. Esos que, tal como señalara León Rozitchner, pretendieron legitimar sus horrendos crímenes pasando de la “guerra sucia” a la “guerra limpia” usando para ello la causa Malvinas.
Desde la asociación que reúne a abogados que intervienen como defensores de los represores, torturadores, asesinos y secuestradores de bebes en las causas de lesa humanidad, manifestaron su malestar. “Una medida de esta naturaleza podía esperarse durante el gobierno kirchnerista, que hizo de la justicia un instrumento de venganza de las organizaciones terroristas, y de las políticas de Defensa una humillación permanente a los uniformados”, despotricó Cecilia Pando desde sus redes sociales.
Desde Defensa sostuvieron que estaban cumpliendo con una disposición judicial: “Las bajas mencionadas no responden a una decisión unilateral de este Ministerio, sino a una orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal, obligando al cumplimiento de la medida respecto de personal militar alcanzado por las sentencias condenatorias firmes”.
El Coronel (R), Marcelo Alejandro Rozas Garay, Secretario de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM) manifestó que: “Desde el inicio de la gestión trabajamos por una memoria completa y para que nuestras fuerzas sean respetadas y valoradas por un sistema político que las había desprestigiado y humillado”, a través de su cuenta de X. Además, sostuvo que: “Cumplir una sentencia firme es respetar los valores de la República”.
Es cierto que la Procuraduría pidió que dieran las bajas de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, desde la unidad le dijeron a Página/12 que Petri solamente avanzó con la mitad de las solicitudes que habían girado. “Solo los de Ejército que pedimos son más del doble de los que están en esa resolución”, remarcaron. En tal caso, quedaría en claro que la gestión de Petri priorizó o decidió a quienes dar de baja.
Fuentes:
Comisión Provincial por la Memoria
