La decisión del presidente Javier Milei de trasladar la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, anunciada con orgullo ante el Parlamento israelí, no es solo un gesto de alineamiento incondicional con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Es, también, una jugada de alto riesgo que erosionará el apoyo histórico de los países árabes al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Con esta medida, el Gobierno profundiza una política exterior errática que ya había generado tensiones con África y que ahora amenaza con aislar a la Argentina en un frente diplomático clave.
El traslado de la embajada, previsto para 2026, coloca a la Argentina en un grupo reducido de naciones -Guatemala, Honduras, Paraguay, Papúa Nueva Guinea y el separatismo kosovar- que rompen con el consenso internacional sobre Jerusalén, una ciudad cuyo estatus sigue siendo disputado desde que Israel la anexó en 1967. La ONU, en múltiples resoluciones, ha rechazado esa ocupación y establecido que la soberanía de Jerusalén debe resolverse en negociaciones de paz. La mayoría de los países mantienen sus embajadas en Tel Aviv, precisamente para no avalar una medida considerada violatoria del derecho internacional.
El problema para la Argentina no es sólo simbólico. La Liga Árabe, que agrupa a 22 naciones, muchas de ellas influyentes en foros multilaterales como la ONU, ha sido históricamente una aliada en el reclamo por Malvinas. Países como Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han votado sistemáticamente a favor de las resoluciones que respaldan la soberanía argentina en el Comité de Descolonización. Sin embargo, la decisión de Milei, sumada a su retórica beligerante hacia el mundo musulmán y su abrazo público a Netanyahu, ya está generando malestar. Varias embajadas árabes en Buenos Aires han elevado quejas formales, mientras que inversiones prometidas por países del Golfo están paralizadas, en parte, por el deterioro político.
El riesgo es claro: si la Argentina pierde el respaldo árabe, el reclamo por Malvinas podría debilitarse en instancias clave. No se trata solo de votos en la ONU, sino de una pérdida de legitimidad en un conflicto que, como el de Jerusalén, tiene raíces en el colonialismo. La contradicción es evidente: mientras el Gobierno exige que se respete la integridad territorial argentina en el Atlántico Sur, avala una medida que desconoce el derecho internacional en Medio Oriente.
El anuncio de Milei llega, además, en un momento delicado. Netanyahu enfrenta críticas globales por la ofensiva en Gaza, que ha dejado decenas de miles de muertos palestinos, y su coalición gubernamental se resquebraja. Y anoche, con el ataque a la capital de Irán, Teherán. Al vincularse tan estrechamente con un líder en crisis, la Argentina no solo se alinea con una política controversial, sino que quema puentes con naciones que han sido socias estratégicas.
La mudanza de la embajada, prometida en secreto pese a las negativas iniciales del Gobierno ante el Senado, refleja una diplomacia impulsiva, más atenta a gestos ideológicos que a una estrategia de largo plazo. Mientras Cancillería intenta contener el daño y embajadores presionados para explicar la postura argentina, la pregunta es clara: ¿valía la pena poner en riesgo décadas de consenso internacional por Malvinas solo para complacer a Netanyahu?.
