La gestión del ministro Luis Petri ha consumado una paradoja de una gravedad institucional que trasciende lo meramente insólito.

En un acto que desoye las más elementales lógicas de la razón de Estado, la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) -creada por ley específica para formar profesionales en la defensa de la soberanía- extendió una invitación formal al Ministerio de Defensa del Reino Unido -la potencia que ejerce una ocupación colonial ilegal sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y amplios espacios marítimos del Atlántico Suroccidental-; para una conferencia conjunta sobre el conflicto entre Ucrania (o más bien OTAN) y Rusia. Un asunto estratégicamente ajeno a los intereses nacionales directos, que se erige como el emblema más nítido de una política de alineamiento que, en la práctica, equivale a un colaboracionismo con el usurpador.

Este hecho no constituye un desliz aislado, sino la expresión de una secuencia de gestos mediante los cuales el Gobierno nacional, lejos de articular protestas frente a la creciente militarización británica en el Atlántico Sur, opta por una complicidad activa y estructural. La misma institución diseñada para custodiar el interés nacional abre sus puertas de par en par a quien despliega poder militar en territorio argentino ilegalmente ocupado, socavando desde sus cimientos el principio de soberanía que declama defender.

La UNDEF fue establecida

Creada por Ley 27.015, la UNDEF tiene como misión expresa e inequívoca, de “educar en el respeto y la defensa de la Constitución Nacional y la soberanía nacional”. Su razón es la formación de una conciencia estratégica y de cuadros profesionales capaces de pensar y actuar en la protección de los intereses territoriales y estratégicos irrevocables de la Nación.

Que sea precisamente esta institución la que brinde una plataforma académica, un espacio de legitimación y un ámbito de intercambio al Ministerio de Defensa británico no representa una simple paradoja; constituye una abdicación institucional de altísima gravedad. 

Se trata de una colaboración que se ejecuta en un momento en que el Reino Unido no solo mantiene, sino que intensifica de manera ostensible su despliegue militar en el archipiélago usurpado, tal como lo detalla su propia Strategic Defense Review 2025, y cuyos ministros, como Luke Pollard, reafirman públicamente y sin contrapeso su compromiso con la “autodeterminación” de los colonos, un eufemismo para perpetuar el régimen colonial que las Naciones Unidas condenan.

Este episodio vergonzante se inscribe y refuerza un patrón de conducta gubernamental de Milei que prioriza congraciarse con las potencias noratlánticas por sobre la defensa irrenunciable de los principios nacionales.

La aceptación expedita y celebrada desde Londres de las cartas credenciales del nuevo embajador británico -cuya trayectoria previa lo vinculaba a la petrolera Equinor con intereses en la plataforma continental argentina-, sumada a las visitas recurrentes de altos funcionarios de Whitehall, todo enmarcado en un discurso oficial que privilegia la palabra “colaboración”, configuran un escenario político donde la histórica reivindicación de soberanía es sistemáticamente vaciada de contenido y práctica.

La omisión deliberada de protestas formales ante las provocaciones británicas y el silencio servil frente a los apoyos internacionales explícitos, como la reciente declaración del G77 más China, completan un cuadro de desmonte progresivo y metódico de la causa Malvinas como política de Estado.

La elección temática de la conferencia, centrada en la guerra en Ucrania, lejos de ser un tópico neutro o de interés académico abstracto, refuerza las pruebas de un alineamiento doctrinario y estratégico.

El evento se promociona basándose en la “experiencia acumulada” del Reino Unido en el entrenamiento y apoyo a las fuerzas ucranianas, lo que sitúa a la Argentina, a través de su propia Universidad de la Defensa, en un rol de alumno que absorbe la perspectiva y la doctrina de una potencia central de la OTAN.

Esta dinámica adquiere una dimensión estratégica aún más preocupante si se la contextualiza en el interés expresado por el presidente Javier Milei de que el país alcance el estatus de “socio” de la OTAN, la alianza militar que tiene al Reino Unido como miembro fundador y cuyo consejo decide por consenso, pudiendo involucrar en el futuro asuntos relativos a los territorios usurpados.

La colaboración en la UNDEF opera, en este sentido, como un instrumento de normalización de una relación que, en los hechos, significa la subordinación de la defensa nacional a los intereses geopolíticos de quienes ocupan una porción del territorio nacional.

El mensaje que se envía, tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional, es de una claridad alarmante: la soberanía, en la práctica concreta del actual gobierno, ha dejado de ser un principio rector e intangible para convertirse en una variable de negociación, en un precio inadmisible a pagar en pos de una estrategia de inserción internacional errónea y profundamente lesiva para los intereses permanentes