La licitación de las conceciones de ocho presas hidroeléctricas del Estado argentino en el norte de la Patagonia tomó un giro marcado por la exclusión de las provincias involucradas.
La Secretaría de Energía de la Nación, encabezada por María Tettamanti, envió un borrador de pliegos que no contempla la participación accionaria de Neuquén y Río Negro.
El nuevo esquema mantiene la representación provincial de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), pero los críticos señalan que carece de la capacidad de influir efectivamente en el funcionamiento de las hidroeléctricas.
Este panorama coloca a los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck en la demanda de un rol más significativo en las concesiones, pero desde el gobierno nacional responden que no habrá espacio para la participación provincial en las concesiones.
La administración de Javier Milei dejó claro que el enfoque se basará en la privatización completa, limitando a las provincias a una simple participación para opinar sobre las condiciones de la licitación.
Aunque se reconoce un canon que los gobiernos provinciales impusieron a las hidroeléctricas, este aún no ha sido cobrado, lo que complica aún más las relaciones entre las partes.
La licitación contempla la operación y mantenimiento de cuatro sociedades anónimas creadas por el Estado: El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá y Cerros Colorados. Una quinta, Pichi Picún Leufú, no estará sujeta a este proceso debido a que todavía tiene años de concesión por delante.
Uno de los temas más controversiales es la obligación de los nuevos concesionarios de invertir en obras para contener las crecidas del río Neuquén, un mandato de hace más de dos décadas que el gobierno nacional aún no ha cumplido.
La exclusión de los gobiernos provinciales de decisiones claves despierta preocupaciones sobre el futuro de estas importantes obras de infraestructura, así como su impacto en la sostenibilidad y la seguridad energética de la región.
En un momento en que el país debería debatir sobre el uso y conservación de sus recursos naturales, la pregunta que se presenta es: ¿realmente se favorecen los intereses locales en un esquema que prioriza exclusivamente lo privado?
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