A través de una nota que publicó el diario Clarín el día de ayer, la Diputada Nacional de la Coalición Cívica Mariana Zuvic, criticó la falta absoluta de discusión pública del acuerdo firmado por la Canciller Diana Mondino y abrió fuertes interrogantes por las consecuencias nefastas que el Acuerdo acarrearía a los intereses del país en el Atlántico Sur. Considera además que la ratificación del Acuerdo constituiría una afrenta a los intereses argentinos en el mar y por parte del Presidente Javier Milei.
La opinión de la Diputada Nacional Mariana Zuvic publicada por Clarín:
La amenaza de la geopolítica ambiental
Dudas sobre el Tratado Internacional relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas situadas Fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
En marzo de 2023 expresábamos nuestro beneplácito por la finalización de las negociaciones de un Tratado Internacional relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas situadas Fuera de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés). Con un texto final sujeto a ratificación, y tras un análisis más detenido del tratado, nos invade ahora una profunda preocupación motivada en contenidos que en lugar de perseguir objetivos de conservación del ambiente, impactan negativamente en los intereses argentinos en el Atlántico Sur, mediante el establecimiento de mecanismos que fortalecen posiciones hegemónicas.
La Cancillería en su momento manifestó que "Argentina se congratula por el Acuerdo internacional logrado para proteger la biodiversidad marina y los océanos y sin suscitar mayor interés por parte de la opinión pública nacional y con una feroz campaña publicitaria ejecutada muy sagazmente por diversos sectores, hoy ese Acuerdo se encuentra abierto a la firma de la comunidad internacional, tras su adopción el 19 de junio de 2023". Recientemente, se ha anunciado su firma por parte de la República Argentina.
Como patagónica, me sorprende el nivel de desconocimiento que se tiene sobre este tema, particularmente en la inteligencia de que el Acuerdo auspicia la configuración de un conjunto de medidas que podrían tener un impacto gravemente nocivo en la integridad territorial de la Nación, a partir de un blindaje de inmaculada conservación y cuya arquitectura reposa en fórmulas jurídicas sospechosamente sinuosas, distribuidas todo a lo largo del articulado del Acuerdo. Claro, no olvido que en el mundo mediático de hoy, todo tipo de instrumento que promueva la conservación de los recursos es entendido como un logro, máxime si con ello se instala la suposición de que de tal modo se resolvería la problemática de la pesca ilegal.
Ahora, ¿alguien leyó seriamente este texto fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Se hizo un proceso abierto de consultas o explicaciones a la ciudadanía? Yo me atrevo a creer que muy pocas personas en el país han estado analizando su firma, con el peligro que implica que unos pocos decidan sobre algo tan caro al interés de la Nación. Con lo cual, me pregunto: ¿Por qué se apresuró la Cancillería? ¿Habrá habido un erróneo asesoramiento legal prematuro? Me cuesta entender.
La Cancillería entonces sostuvo que el Acuerdo era un enorme logro para el multilateralismo. Si nuestro país pudiera canalizar allí su reivindicación soberana sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, felizmente sería todo un logro. Pero, muy por el contrario, este Acuerdo fortalece la ocupación ilegal del Reino Unido de los territorios en disputa, toda vez que las controversias de soberanía no se discuten ni se aceptan.
Incluso, para la Argentina se abrirían escenarios jurisdiccionales que potencian (o incluso peor, reconocen) al Reino Unido como Estado ribereño en el Atlántico Sur en las áreas en disputa. Ello ocurriría si ante la pretensión de designar un área marina protegida en alta mar en la región, el Reino Unido se presentará como Estado ribereño, logrando así el - hasta ahora negado - reconocimiento internacional.
Es lamentable que las cuestiones de soberanía actualmente no tengan prensa o reciban poco tratamiento en medios especializados. Con BBNJ la geopolítica ambiental ofrecerá un nuevo marco de actuación al usurpador de nuestros espacios y Argentina parece incapaz de percibirlo. Frente a una claudicación de esta índole queremos recordar el mandato de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional a todos los funcionarios con responsabilidad en la materia.
No resulta extraño que a favor de BBNJ se hayan alzado argumentaciones que apelan a la sensibilidad ambiental de la población pero que, por su infantilismo institucional, deben ser descartadas. Por caso, es un error sostener que si la Argentina ratifica este Acuerdo tendrá mayores facultades para controlar la pesca ilegal en el área adyacente. Pero aún más inaceptable es ocultar el hecho de que la condición de parte en BBNJ impactará en las potestades del Estado en sus aguas jurisdiccionales. Es necesario que entendamos que existe una maquinaria de poder enfocada en hegemonizar de manera absoluta e irreversible la apropiación de los recursos de océanos y mares.
No pueden validarse acciones que reflejan tamaño desconocimiento e ingenuidad frente a severas afectaciones a los intereses argentinos en el mar. Todo eventual avance hacia la ratificación de este Acuerdo, evidenciaría un nuevo descuido de la figura presidencial que constituiría una afrenta para más de cuarenta y siete millones de personas.
