El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, adelantó que el gobierno fueguino iniciará acciones legales contra Harland & Wolff; la empresa contratada por los británicos para desarrollar un nuevo puerto en las Islas Malvinas, que se montará sobre cuatro pontones flotadores de 90 metros de largo cada uno.
En tal caso, se tratará de la segunda acción de defensa legal en el plano internacional, que la provincia austral llevará adelante en un intento de frenar un proyecto estratégico de esta envergadura, impulsado por la colonia británica que usurpa las islas argentinas.
En agosto de 2021, durante el primer mandato del gobernador Gustavo Melella, también se abrió una acción penal contra Bam Nutall, la empresa constructora elegida por los ingleses para realizar un puerto de aguas profundas, de 400 metros de largo por 60 de ancho, en Puerto Argentino. Proyecto que finalmente no prosperó, por la suba internacional de precios de los insumos requeridos para la obra.
En esa fecha, la denuncia del gobierno fueguino tenía como argumento que la empresa había sido contratada por las ilegítimas autoridades de Malvinas, para una obra que no contaba con la "debida intervención" del Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego.
Ayer, en declaraciones formuladas a FM Master’s de Ushuaia, Andrés Dachary señaló que “hay una segunda oleada” por parte de Gran Bretaña “de intentar fortalecer las capacidades logísticas en Malvinas con miras a tener mayor capacidad operativa en la explotación de hidrocarburos, en la pesca”.
En esta ocasión, la provincia seguirá una estrategia similar, buscando intimar a la empresa constructora y a sus proveedores para que respeten las leyes provinciales. “Vamos a avanzar en una intimación a la empresa para que regularice, como si estuviese avanzando con este proyecto en cualquier otra parte de nuestra provincia. En el caso de que no responda, o la respuesta no sea satisfactoria, la Ley prevé 90 días hábiles de plazo perentorio, se avanzará con el proceso ya de judicialización”, explicó el funcionario.
Además de las medidas legales, la provincia está rastreando a todos los proveedores y clientes asociados con el proyecto para notificarles sobre el litigio pendiente. “Estamos rastreando con todos los equipos, toda la cadena de proveedores y de clientes, con todas las empresas en distintas partes del mundo que están asociadas a quienes van a llevar adelante este proyecto, para, llegado el caso, remitir cartas documentos notificando que esta empresa se encuentra en litigio con la provincia de Tierra del Fuego”, añadió el secretario.
Sin embargo, Dachary reconoció los desafíos inherentes a la situación, especialmente con el tácito respaldo del gobierno argentino a las autoridades ilegítimas de Malvinas. “La respuesta puede ser favorable, pero honestamente es difícil ser optimistas pensar que la empresa presente toda la documentación porque, obviamente, entraría en conflicto con el gobierno ilegítimo”, comentó.
A pesar de las difíciles condiciones, la provincia está decidida a proteger sus intereses y su soberanía nacional. Dachary subrayó la importancia de mantener una comunicación coherente en la defensa de los recursos naturales y la búsqueda de apoyo internacional a través de canales establecidos por la Convención de La Haya. “Nuestro interés es avanzar rápidamente en la judicialización, e impedir cualquier tipo de operación de esta empresa y de sus empresas asociadas en alguna otra parte de la Argentina”, afirmó.
En última instancia, la provincia de Tierra del Fuego está comprometida a tomar medidas para proteger sus recursos y territorio. Aunque el resultado final es incierto, la provincia está obligada a hacer valer sus derechos y defender su soberanía frente a cualquier amenaza externa
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