La dotación completa de los cuatro patrulleros oceánicos (OPV) recientemente adquiridos a Francia por la Armada Argentina para controlar la pesca ilegal en aguas jurisdiccionales, ya se encuentra en funciones.
El 2 de junio arribó a nuestro país el último de los buques encargados, el ARA Contraalmirante Cordero, y junto al Storni, Piedrabuena y Bouchard, ya se abocan a las tareas de vigilancia y control en el Atlántico Sur, donde flotas pesqueras, principalmente chinas, suelen traspasar el límite de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva argentina en su feroz depredación de calamar.
El combate contra la llamada “pesca ilegal, no reportada y no regulada”, ocupa a la mayoría de las naciones costeras, marítimas o vinculadas de alguna forma con la industria pesquera. China es el principal país apuntado, que con flotas que van entre 350 y más de 600 embarcaciones llegan cada año a Sudamérica, primero al Pacífico y luego al Atlántico, para ejercer su monumental depredación, siempre al filo de la legalidad.
De hecho, el gigante asiático obtiene el 36% de sus provisiones alimentarias en nuestra región. Y, particularmente, aumentó enormemente el consumo de pescado en los últimos años en aquel país, lo que incrementa, claro está, la codicia sobre las especies de estos mares australes.
Las operaciones de vigilancia son materia del Comando Conjunto Marítimo (CCM), dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El organismo reúne, por vez primera, a las tres fuerzas para intentar combatir la pesca ilegal y el narcotráfico.
El ministro de Defensa, Jorge Taiana, expresó el mes pasado en la Cámara de Senadores que, en el último trimestre, “no hubo pesca ilegal dentro de las 200 millas nuestras. No entraron”, en principio a raíz del incremento de la vigilancia en la zona, que se realiza en forma permanente y alternada entre buques y aeronaves de la Armada y la Prefectura.
Fuente:
Diálogo Américas