En un giro que desafía toda lógica política y administrativa, el Gobierno de Tierra del Fuego ha anunciado la continuidad del proceso de aprobación para que el Grupo Mirgor construya una terminal privada de pasajeros y catamaranes en Ushuaia. El anuncio, realizado por el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, se produce en el pico máximo de tensión con la Nación y abre un interrogante inquietante: ¿Existe una coordinación oculta entre la intervención federal y la gestión de Gustavo Melella?

La incoherencia como política de Estado

Resulta difícil de explicar cómo el Ejecutivo Provincial avanza en la autorización de una inversión privada estratégica mientras, en simultáneo, admite que no puede mover un solo ladrillo en el muelle comercial debido a la intervención nacional. Según la propia gacetilla oficial, obras vitales como la ampliación de 150 metros del muelle, el recambio de defensas y la Plazoleta Fiscal están paralizadas por el "desvío de fondos" hacia la Agencia Nacional de Puertos (ANPyN).

Sin embargo, para el proyecto de la empresa de Nicky Caputo, los relojes parecen correr a otra velocidad. Mientras la autonomía provincial es defendida con discursos encendidos en la Legislatura, en las oficinas técnicas se le da luz verde a un actor privado de peso nacional, justo cuando la Nación tiene las llaves del puerto público.

Interrogantes que exigen respuestas

La reaparición de Mirgor en este escenario plantea dudas que el Gobernador Melella debe despejar:

• ¿Doble comando o acuerdo bajo la mesa?: ¿Cómo puede la Provincia autorizar una nueva terminal si la ANPyN ha tomado la "gestión operativa, técnica y administrativa" del área portuaria y sus espejos de agua?
• ¿El "negocio" que denunció Melella?: En su discurso de apertura de sesiones, Melella advirtió que detrás de la intervención hay "intereses económicos de negocios". ¿Se refería a la competencia que el puerto público intervenido le dejaría libre a la nueva terminal privada de Mirgor?
• El factor Caputo: La estrecha relación del Grupo Mirgor con el poder central en Buenos Aires (independientemente del signo político de turno) sugiere que este proyecto podría ser el verdadero "punto de encuentro" entre la intervención de Milei y la administración de Melella.

El análisis del Dr. Lerena y la soberanía en juego

Como ha señalado el Dr. César Lerena, la intervención nacional es "delirante" al avanzar sobre aguas provinciales. Si la Provincia admite que la Nación tiene el control operativo, ¿qué validez legal tiene la aprobación de una nueva terminal privada en esa misma jurisdicción en disputa?

La parálisis de las obras públicas (financiadas o proyectadas previamente) contrasta con la celeridad para la "iniciativa privada". Pareciera que la intervención nacional sirve de excusa perfecta para explicar por qué el Estado no invierte, mientras se pavimenta el camino para que un holding privado tome el control del flujo turístico antártico.

Ushuaia asiste a una coreografía extraña: Melella grita "intervención ilegal" ante los legisladores, pero sus funcionarios firman trámites para el Grupo Mirgor bajo el ala de esa misma intervención. La soberanía marítima de Tierra del Fuego, ya golpeada por la impericia administrativa y judicial del gabinete provincial, ahora parece quedar sujeta a una triangulación de intereses que nadie termina de explicar.