El diario español Faro de Vigo, al informar sobre los acuerdos comerciales de las empresas pesqueras de la provincia de Pontevedra, ha expuesto de manera involuntaria el talón de Aquiles de la administración colonial británica en las Islas Malvinas. La noticia, centrada en la flota de 16 buques españoles con base en los puertos de Vigo y Marín que opera con licencias ilegales, revela la extrema dependencia del archipiélago de un recurso biológico que hoy se encuentra al borde del colapso: el calamar patagónico (Loligo).

Las sucesivas crisis en las capturas invernales de este cefalópodo —que ha pasado de un botín de 85.000 toneladas en 2019 a apenas 18.000 en 2025— ha forzado a las autoridades coloniales a tomar decisiones de emergencia que evidencian la vulnerabilidad de un modelo que depende fundamentalmente de la pesca para generar cerca del 60% de su Producto Interno Bruto (PIB).

 Congelamiento de tasas y carga financiera

Las cifras expuestas por el medio español detallan el costo y la presión financiera que mantiene en pie el sistema de explotación ilegal de recursos argentinos:

• Canon Anual Congelado: La flota gallega de calamar debe abonar un canon anual total de 14,4 millones de libras, que al cambio actual se traduce en aproximadamente 16,4 millones de euros (unos 18,9 millones de dólares). Este monto, en máximos históricos, fue congelado para 2026 y se mantendrá hasta 2027, posponiendo la aplicación de un nuevo sistema de pagos. Esta "congelación" es la respuesta directa de la colonia a las tres temporadas de invierno fallidas del Loligo.
• Aplazamiento de Pagos: La magnitud de la crisis pesquera fue tal que, tras la suspensión de la segunda temporada de 2023, el gobierno colonial se vio obligado a aplazar el 60% del pago fraccionado correspondiente a diciembre de 2024, permitiendo su abono hasta junio de 2025 (aunque con un interés anual del 4%).
• Costos de la "Malvinización": La flota española, obligada a la "malvinización" de sus joint ventures (el 51% del capital debe ser local) para obtener permisos de pesca de 25 años, ha tenido que asumir enormes gastos en momentos de baja rentabilidad:
• Renovación de Flota: Una inversión de 97 millones de libras (110 millones de euros) entre 2023 y 2024, con 135 millones de euros en pagos pendientes.
• Aranceles del Brexit: La flota ha pagado cerca de 30 millones de euros en aranceles desde 2022, un costo adicional derivado de que el territorio colonial no entró en el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La decisión de congelar y desdoblar los pagos no es un gesto de buena voluntad, sino el acto inquietante de un sistema que debe asegurar la permanencia de la flota a toda costa, ya que son su principal sostén fiscal y financiero.

El colapso biológico que amenaza el futuro de los okupas

La situación biológica del calamar patagónico, especie que representa la mayor parte de los ingresos pesqueros, ha entrado en una fase crítica. La drástica disminución de la especie ha sido la causa directa de la interrupción de la pesca en las últimas temporadas invernales, segundo período anual de la zafra:

• 2023: Se cerró anticipadamente la segunda temporada por la "drástica disminución en la presencia de la especie".
• 2024: Directamente la segunda temporada no se abrió.
• 2025: Se redujo el tiempo de duración de la temporada, resultando una pesca en apenas 18.000 toneladas de calamar.

Este escenario de tres años consecutivos con volúmenes ínfimos o nulos en la temporada de invierno, expone la insostenibilidad de la práctica depredatoria y pone en jaque la propia continuidad de las licencias a largo plazo que se otorgaron.

Las consecuencias sobre el proyecto del nuevo puerto

Admitiéndolo o negándolo; el futuro del régimen colonial está atado a la capacidad de seguir generando ahora, ingresos por la pesca. La inestabilidad actual del recurso amenaza directamente los planes de expansión y crecimiento de la colonia, especialmente la construcción de un nuevo puerto multimodal con una extensión de 450 metros. Un proyecto clave valorado en unos 125 millones de euros (144,5 millones de dólares) que busca consolidar a las Malvinas bajo ocupación británica, como un hub logístico en el Atlántico Sur, a cargo de la empresa constructora holandesa Damen.

La falta de ingresos fiscales, hasta 2023 garantizados por la pesca, principal fuente de divisas del archipiélago; introduce verdadera incertidumbre sobre la viabilidad financiera y la puesta en marcha de esta infraestructura. Por lo tanto, la crisis del calamar no solo significa una pérdida económica para los armadores españoles, sino que se transforma en el mayor riesgo para la consolidación de la usurpación territorial británica.

Así, la depredación ictícola y la crisis biológica del Loligo se han convertido en la manifestación más visible de un modelo de explotación ilegal que ignora la sustentabilidad y que, al colapsar, revela la extrema fragilidad de la posición económica y financiera de la colonia en las Islas Malvinas.