La justicia estadounidense solicitó al gobierno de Javier Milei que informe dónde está el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que sacó de las reservas la autoridad monetaria a mediados del año pasado.
La medida la dispuso la jueza neoyorkina Loretta Preska en respuesta a un pedido de los beneficiarios del fallo contra el país, en un intento por detectar bienes del Estado argentino en el marco del juicio por la expropiación de la empresa petrolera YPF cuyo principal impulsor es el fondo buitre Burford.
Como recordarán nuestros lectores, en julio pasado abordamos el pedido de información pública que realizara el gremialista y diputado de la Nación, Sergio Palazzo, sobre el uso de reservas de oro para contraer más deuda.
Tal como informamos en aquella oportunidad desde Agenda Malvinas, el Ministro de Economía, Luis Caputo, buscaba recomponer reservas y encajes muy castigados por las intervenciones para contener el dólar y por eso utilizó el oro para tratar de conseguir un préstamo, de los denominados repo, con el objetivo de recomponer reservas.
"Lo que hizo la jueza fue emitir una orden que obliga a la Argentina a informar dónde se encuentra el oro del país y qué cantidad salió de las reservas del BCRA", detalló al diario Ámbito el experto en el caso Sebastián Marill, CEO de Latam Advisors.
Según se calcula, al menos 60% de las reservas de oro que registra la Argentina fueron enviadas a Londres en los últimos años. Esto incluye, claro está, las seis toneladas que despachó el año pasado el ministro de Economía, Luis Caputo.
Vale la pena resaltar que el BCRA tiene alrededor de 4.600 millones de dólares de sus reservas en oro.
Los fondos buitres que litigan en el juicio por la expropiación de YPF buscan saber dónde están los activos de la República Argentina, para tenerlos en la mira ante eventuales embargos.
Marill detalló a Ámbito que eso no es lo único que busca la magistrada: "Adicionalmente, pidió al Gobierno que dé información sobre cuentas soberanas ubicadas en EEUU, que incluyen aquellas pertenecientes a diplomáticos, embajadas y consulados, así como las cuentas de bancos con empresas con las que el Gobierno haya hecho alguna operación comercial".
Además, explicó que la Argentina tiene seis semanas para reportar esta información y que, una vez que cumpla con ese requisito, los fondos buitres revisarán y comunicarán a la jueza Preska qué es lo que quieren embargar.
Ella decidirá cuáles son embargables y cuáles no. "Muchos dicen que un activo de una embajada o un consulado tiene inmunidad diplomática. Eso es cierto, pero si fue usado para una actividad comercial, ese beneficio se anula y es embargable", afirmó Marill.
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